San Juan deslegitima a Castedo para decidir sobre los autobuses


El ayuntamiento del municipio vecino se niega a pagar y Compromís y UPyD reclaman a la Generalitat que cumpla con su obligación

El Ayuntamiento de Sant Joan manifestó ayer que no tiene intención de pagar el kilometraje que los autobuses de La Alcoyana realicen en su término municipal a lo largo de este año, ya que es una factura que les corresponde abonar «a la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante».

Después de que el Consistorio alicantino anunciase el lunes que este año solo pagará la parte de la contrata del servicio de autobuses que corresponde a los servicios realizados en la ciudad e instase al resto de municipios incluidos en el sistema TAM (Sant Joan, San Vicente, El Campello y Mutxamel) a pagar su parte, el Ayuntamiento de Sant Joan deslegitimó al alicantino para tomar esta decisión. Asegura que es la Generalitat Valenciana quien tiene las competencias en esta materia.

En palabras Santiago Román, portavoz del equipo de gobierno del PP de Sant Joan, «por lo que sabemos, la Generalitat está trabajando en una nueva licitación de las líneas de autobús que entrará en vigor a partir de 2014 que se desarrollaría bajo la fórmula de ‘riesgo y ventura’». Es decir, la empresa cobrará por el número de usuarios que utilicen el servicio y no a razón de kilómetros realizados. «No obstante, el actual convenio está suscrito por el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, por lo que son dichas instituciones quienes deben sufragar los costes», consideró.

El problema es que este convenio no se ha prorrogado en el año 2013, al no aportar la Generalitat la parte que le corresponde, por lo que la responsabilidad queda en el aire.

Nuevo modelo

El grupo municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante señaló, por su parte, que sin las aportaciones de la Generalitat, el Ayuntamiento de Alicante «no puede asumir el coste de la red de transporte del área metropolitana».

El portavoz, Fernando Llopis, recordó que la Generalitat incumple su acuerdo con el Ayuntamiento desde el 2012, apenas ha cubierto un 1,6% (250.000 euros) del déficit del coste del transporte metropolitano, lo que supone que los ciudadanos de Alicante asumen el coste del transporte interurbano prácticamente». Esto supone un coste neto para el Ayuntamiento de Alicante de 17 millones de euros.

Para UPyD, es necesario redefinir el modelo de transporte urbano e interurbano y consideró que «habrá que exigir a la Generalitat que cumpla con sus compromisos» y remodelar la concesión de este servicio. «La empresa sólo obtiene beneficios y no hay incentivos por mejorar el transporte y aumentar el número de viajeros», señaló.

La diputada autonómica de Compromís Mireia Mollá consideró ayer, al respecto, que «la Generalitat tiene que volver a sufragar el 35 por ciento que le corresponde de este servicio y garantizar así que una de las pocas posibilidades de transporte público con que cuentan los ciudadanos siga funcionando».

En este sentido, el portavoz comarcal de Compromís en l’Alacantí, Robert Vilaplana, instó a la Generalitat a cumplir con sus obligaciones y asegurar el pago del servicio en los próximos años, «pues no podemos consentir un empeoramiento del transporte público, que ya registra graves deficiencias en una comarca de las dimensiones de l’Alacantí».

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